La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) mantuvo este martes 18 de agosto una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que planteó su visión sobre la conflictividad laboral, la discusión en torno a la reducción de la jornada de trabajo y los desafíos que enfrenta Uruguay en materia de competitividad.
Del encuentro participaron también el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La delegación de la CCE fue encabezada por su presidente, Leonardo Loureiro que fue acompañado por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber; el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, y el presidente de la Intergremial de Transporte de Carga, Ignacio Asumendi.
A la salida de la reunión, Loureiro señaló que la creciente conflictividad laboral es uno de los temas que el sector empresarial observa con mayor preocupación, por sus efectos sobre distintas cadenas de actividad y sobre la capacidad del país para producir, comerciar y competir.
“Es algo que estamos viendo con mucha preocupación”, afirmó.
El impacto de la conflictividad
Consultado particularmente sobre la situación del puerto de Montevideo, Loureiro puso el foco en las consecuencias que las interrupciones de actividad tienen mucho más allá del propio sector portuario.
Según señaló, en lo que va del año el puerto acumula casi 33 días de paralización, una cifra que, de acuerdo con los datos manejados por la CCE, duplica la registrada en 2024 y se acerca a los más de 36 días de 2025.
“Eso afecta a toda la cadena: desde el transporte y la logística hasta los operadores de carga, la importación, la exportación y el transbordo. Afecta a todos los sectores de la actividad económica”, sostuvo.
Loureiro agregó que estas situaciones implican costos directos para las empresas, pero también consecuencias comerciales y dificultades para preservar la imagen y confiabilidad del país.
Como ejemplo, explicó que la demora de un contenedor puede determinar la pérdida de una operación, modificaciones en las condiciones de venta, mayores tiempos de almacenamiento o cambios en el destino y las características de una mercadería.
Si bien aclaró que la CCE no cuenta aún con una cuantificación global de esas pérdidas, estimó a título personal que los costos acumulados podrían ubicarse en “decenas de millones de dólares”.
Reducción de la jornada laboral
Otro de los asuntos planteados fue la discusión sobre una eventual reducción de la jornada laboral.
Loureiro sostuvo que, de acuerdo con lo transmitido durante el encuentro, el Gobierno no está promoviendo actualmente una reducción generalizada de la jornada, sino el análisis y la discusión del tema.
“El Gobierno no está promoviendo el tema de la reducción de la jornada laboral. Sí se está promoviendo el análisis y la discusión de un tema que hay que tratar”, explicó.
Desde la CCE se planteó que cualquier análisis debe contemplar las realidades particulares de cada actividad económica y evitar soluciones uniformes para sectores con estructuras productivas, necesidades de personal y niveles de capacitación diferentes.
“No es un tema que se pueda aplicar a todos los sectores de actividad económica”, señaló Loureiro.
En ese sentido, informó que distintas cámaras empresariales se encuentran realizando estudios especializados para analizar los posibles impactos económicos, productivos y laborales de eventuales cambios en la organización del tiempo de trabajo.
Sobre el acuerdo alcanzado en el sector de la construcción, Loureiro sostuvo que responde a antecedentes y características particulares de esa actividad y que no resulta posible trasladarlo automáticamente al resto de los sectores.
Competitividad: energía y logística como prioridades
La competitividad ocupó también una parte relevante del encuentro.
Loureiro valoró el proceso de diálogo y participación que derivó en el proyecto de ley de competitividad actualmente a estudio del Parlamento, pero sostuvo que las medidas incluidas hasta el momento representan solamente una primera parte de los cambios que Uruguay necesita.
La iniciativa, explicó, permite simplificar trámites, reducir algunos costos y acelerar procesos, pero por sí sola “no mueve la aguja” de la competitividad del país.
Para la CCE, los principales desafíos estructurales se encuentran en áreas como la energía y la logística.
En materia logística, Loureiro señaló que el funcionamiento del puerto constituye un componente central para la competitividad de numerosas actividades productivas.
En energía, la conversación incluyó los costos de la electricidad y los combustibles, así como el impacto que tienen los marcos regulatorios y los distintos mecanismos de subsidios sobre los precios que finalmente afrontan las empresas.
“Donde hay que trabajar muy fuerte es en energía y logística”, afirmó.
La CCE viene planteando la necesidad de abordar estos temas con una mirada transversal y de largo plazo, promoviendo condiciones que permitan aumentar la productividad, estimular la inversión y generar más oportunidades de crecimiento y empleo para el país.
